El presidente Daniel Ortega Saavedra se burló de la Asamblea Nacional creando, sin la aprobación de los diputados, una “secretaría con rango de vice ministerio” en la la Cancillería y nombrando de paso a su titular.

Mediante el decreto No. 21-2008, publicado en La Gaceta No. 83 con fecha 5 de mayo de 2008, el presidente Ortega reformó la ley 290, que organiza las instituciones del Ejecutivo y dicta sus procedimientos de funcionamiento, así como el reglamento correspondiente.

El artículo 1 del nuevo decreto dice: “Se reforma el artículo 58 del Reglamento de la Ley No. 290, Decreto 71-98 y sus reformas, en el sentido de que se adiciona el numeral 1.2 que se leerá así: “Art. 58… 1.2. Secretaría para Asuntos Indígenas”.

En el artículo dos del decreto, el jefe del Ejecutivo reforma la sección 1 del Capítulo II, agregando a su título la frase: “Secretaría de Asuntos Indígenas”, y adicionando un artículo 59 “todo lo cual se leerá así: Sección 1. Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación y Secretaría para Asuntos Indígenas”.

Y agrega: “Secretaría para Asuntos Indígenas: Corresponde a un secretario con rango de Vice Ministro. Esta Secretaría coordinará todos los asuntos indígenas contemplados por las organizaciones, tratados y acuerdos internacionales para el beneficio de los pueblos indígenas”.

El acuerdo está en vigencia desde el lunes pasado cuando salió publicado en La Gaceta.

En un acuerdo presidencial, No. 138-2008, Ortega nombra a Joél Antonio Dixon Coban como “Secretario para Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de Vice Ministro”.

Inconstitucional

Las reformas constitucionales que metieron al país en un grave conflicto de gobernabilidad en 2005, apoyadas por el FSLN, obligan al presidente de la república a solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional para nombrar altos cargos, incluyendo a ministros y viceministros de Estado.

El inciso 30 del artículo 138 de la Constitución, incluido en esa reforma, establece entre las facultades de la Asamblea Nacional: “Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República a los Ministros, Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas, Presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales”.

Significa que desde el cese de los efectos de la ley marco, el presidente Daniel Ortega está obligado a someter a la Asamblea Nacional la ratificación de cualquier nombramiento de este tipo.

El truco

Sin embargo, el mandatario hizo un truco al crear una secretaría con rango de viceministerio en la Cancillería para no someterlo a la voluntad de los diputados y de paso nombró a un ambientalista en el cargo.

Para todos los efectos, según se desprende del intricado decreto, hay un segundo vice ministerio en el Ministerio de Relaciones Exteriores disfrazado de “secretaría”, un nivel que no requiere de ratificación.

Pero, Ortega hizo algo más. Reformó la ley 290 sin tener facultades para hacerlo.