El economista Adolfo Acevedo Vogl aseguró en un documento que ha hecho circular por internet que el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, actualmente en proceso de consulta con los donantes, que un 25% del acuerdo petrolero con Venezuela fue incluido, en el PNDH, como deuda del estado nicaragüense.

Esta observación contradice al gobierno -que insiste en que ese acuerdo es un asunto entre privados- y a los diputados de oposición de la Asamblea Nacional -que rechazan cualquier compromiso en tal sentido.

Acevedo Vogl, quien asesora a la Coordinadora Civil, extrae del plan un párrafo que dice:

“El abastecimiento de petróleo de Venezuela a Nicaragua está conveniado en el marco del ALBA en un 100%, pero por problemas de manejo y almacenje solamente se está recibiendo el 70%. La compra se establece a precios de mercado pero con un 50% financiado a 90 días y el restante 50% a 25 años a una tasa de interés del 2%. Además, sólo hay de repagar el 25% ya que PDVSA en apoyo al Fondo ALBA va a asumir directamente la mitad de la deuda” (Pagina 23, “3.5.7 Comercio Justo”).

A partir de ese planteamiento oficial, el economista se hace la pregunta “aqui se dice que PDVSA asumirá el pago de la deuda derivada de la mitad del crédito que el acuerdo energético con Venezuela establece que “es asumido por la empresa mixta”, es decir por ALBANISA. Esta mitad del crédito, asumido por la empresa mixta, en el acuerdo se dice que alimentará el “Fondo Comú del ALBA”. Esto es lo que dice el Acuerdo: “Del cincuenta por ciento (50%) financiado, la empresa mixta, ya mencionada en el artículo primero o la filial de PDVSA que haya sido designada para el suministro, asumirá el veinticinco por ciento (25%). Esta porción, una vez deducidos los costos operacionales y financieros, se asignara al Fondo ALBA a los noventa días de la facturación, el cual, servirá para financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y otros en la República de Nicaragua”.

Su conclusión es que en ambos párrafos “queda perfectamente claro que esta mitad del crédito la pagará PDVSA”, pero entonces “¿quién asume el pago de la otra mitad del crédito, la que el acuerdo energético con Venezuela establece que será “asumido por la República de Nicaragua”, es decir, por el Gobierno de Nicaragua?”

El acuerdo, citado por Acevedo Vogl, expresa: “El otro veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento (50%) financiado, será asumido por la República de Nicaragua” y agrega: “Este último punto es clave. Esta otra mitad de dicho crédito (obsérvese que todo crédito implica una deuda) que el acuerdo dice que “será asumido por la República de Nicaragua”, es la parte que asume, y controla directamente, de manera libre, el gobierno de Nicaragua”.

El economista también concluye que “por eso el Presidente informa que él aprobó el uso de parte de esos recursos como crédito en favor de una empresa pública generadora. Lo puede hacer porque estos recursos están directamente bajo el control del Gobierno. Evidentemente, un crédito, es decir, una deuda, asumido por la República de Nicaragua, sólo puede ser asumida por quien ejerce la representación de la Republica, el gobierno de Nicaragua”.

El acuerdo dice además: “Los pagos de intereses y de amortización de capital de las deudas contraídas por la República de Nicaragua, podrán realizarse mediante mecanismos de compensación comercial, cuando así sea solicitado por la República Bolivariana de Venezuela”.

Acevedo Vogl se hace la siguiente pregunta ”¿en qué se utilizará la otra mitad del crédito, es decir, aquella que es asumida directamente por el gobierno de Nicaragua, y que queda bajo su control libre y directo? ¿Por qué el gobierno no lo informa?”

Aguirre insiste en rechazo

Mientras tanto, el Presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción dela Asamblea Nacional, el liberal Francisco Aguirre Sacasa reiteró ayer que el Parlamento no reconocerá ninguna deuda originada por este acuerdo petrolereo.

Pero, reiteró su propuesta de que el gobierno debe usar los fondos del negocio petróleo con Venezuela para subsidiar al sector transporte.

“El gobierno está perdiendo muy rápidamente el respaldo de la población porque no está poniéndose al frente de este problema; organiza una cumbre internacional y no resuelve este problema interno. Si los 50 centavos de rebaja ofrecidos se tienen que asumir por el presupuesto hay que verlo, porque el presupuesto ya está apretado”, sostuvo.

Recordó que tampoco el gobierno ha resuelto el pago de los CENIS, que son 900 millones de córdobas, dinero que el gobierno pretende usar para reajustar salarios.

“Si a esto se le suma una subvención al transporte, entonces se va a reventar el presupuesto a menos que se deje de construir escuelas, centros de salud y otros”, alegó.