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Año 9 No. 2076 Miércoles 14 de Mayo del 2008



Gobierno no aprendió de los errores

Por Dr. Néstor Avendaño

El monto diario de las pérdidas que han ocurrido sólo en el sector transporte, tanto en sus ventas intermedias por el transporte de materias primas al resto de actividades económicas como en sus ventas finales en la distribución de productos de consumo final a las familias y del transporte terrestre de pasajeros, la internación de bienes importados y la colocación de los productos exportados en los puertos, suma aproximadamente un monto equivalente a 935 mil dólares, sin tomar en cuenta las pérdidas conexas por el lucro cesante (el cese de funcionamiento de las empresas) y el deterioro de bienes perecederos de origen agrícola. Una estimación muy conservadora si incluyéramos esas pérdidas asociadas con la suspensión del servicio del transporte, las pérdidas totales de la economía cada día ascendería alrededor de 1 millón 500 mil dólares diarios, y en 10 días de paro hasta hoy totalizarían 15 millones de dólares, que son equivalentes al 60 por ciento del total de la donación de divisas líquidas de libre disponibilidad proveniente de la Unión Europea para apoyo presupuestario en este año.

El gobierno actual parece que no aprendió de los errores de los tres gobiernos anteriores: los daños son más cuantiosos que las soluciones. Los ministros que han intervenido en la búsqueda de esas soluciones han dado muestras de una aparente ingenuidad al proponer 30 centavos dólar o 50 centavos dólar para subsidiar el precio de un galón de diesel y, supuestamente, desconociendo cuánto es el fondo disponible en PETRONIC asociado con el suministro petrolero suscrito con Venezuela, el cual, sin lugar a dudas, es un nuevo endeudamiento externo a pesar que sea administrado por una empresa privada integrada por dos empresas públicas de dos países. Urge que el presidente de la República muestre a la población la disponibilidad real de fondos asociados con el 25 por ciento de la factura petrolera pagada por ALBANISA, que podría contribuir al financiamiento de un subsidio temporal al precio de los combustibles, pero también urge que el presidente de la República active la propuesta de reforma tributaria que podría aportar, al menos, un aumento de 2 por ciento del PIB en la recaudación tributaria, que significaría aproximadamente un monto anualizado de 120 millones de dólares para enfrentar este grave problema nacional.

Las actividades económicas que más resienten el paro del transporte son la minería, especialmente los minerales no metálicos como la piedra cantera, la construcción, el sistema financiero, los servicios de electricidad y de agua potable, y el comercio. Las familias resienten el impacto del desabastecimiento de productos de consumo final (alimentos de origen agropecuario, agroindustrial y manufactureros en general) y de la falta de movilización entre sus hogares y los centros de trabajo. Las empresas también resienten la inamovilidad de sus materias primas, de origen nacional e importado, y de los productos destinados al mercado externo.

A grandes problemas, grandes soluciones. El gobierno podría, concertadamente con todos o con algunos países pobres, solicitar al G-8 la formación de un fondo especial que financie parcialmente las facturas petroleras de los 43 países que gozaron de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, ya que la pesada carga de la deuda externa que tuvieron esos países parece que fue más liviana que la carga del aumento anual de la factura petrolera en los últimos dos años. Por ejemplo, en términos promedio anual durante el período 2001-2008, Nicaragua logró con la Iniciativa HIPC pagar sólo 112 millones de dólares de un servicio contractual de 340 millones, o sea que recibió un alivio de no pagar 228 millones de dólares anualmente, pero el valor anual de la factura de 10 millones de barriles de hidrocarburos se ha incrementado 310 millones de dólares en los años recientes al pasar de 690 millones en 2006 a 1,000 millones de dólares previstos en 2008. Pero el gobierno de Nicaragua debería dar ejemplo de transparencia con el uso de la nueva deuda externa que se genera con el suministro del petróleo venezolano.

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