No sabemos si confiar en la nueva promesa, esta vez hecha por el ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli de que no habrá más racionamiento energético.

Tanto Rapacciolli como el director del Instituto Nicaragüense de Energía, David Castillo, insinuaron que la empresa Unión Fenosa, no llenó los trámites correspondientes para aplicar el racionamiento y tampoco ha retirado de su página web, el calendario de cortes.

Rapacciolli, explicó que el día de ayer hubo una demanda de 492 megavatios, de los cuales, 472 fueron cubiertos con generación propia y 20 megas con compras al mercado centroamericano.

De la cantidad generada, 369 megavatios se produjeron usando petróleo y el resto es energía hidroeléctrica, geotérmica y la que todavía ofrece el ingenio San Antonio.

Por su parte el director del INE, David Castillo, dijo que analizarán si Unión Fenosa cumplió con lo que establece la ley para imponer un programa de cortes y de no ser así, la empresa podría ser multada.

Rapacciolli indicó que Unión Fenosa no puede estar aplicando cortes sino hay un déficit pero extrañamente la falta de 120 megavatios el pasado viernes fue anunciado en el canal oficial, por el director de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer.

En esa ocasión, el funcionario culpó al INE y a la Esso por la falta de búnker para la generación de las plantas Hyundai que debieron estar listas a finales de abril.

Castillo, también aclaró que no se ha dado una escasez de búnker. La verdad es que no se sabe a quien creerle.

La quema de dos cabezales de transporte pesado, no es responsabilidad de los transportistas que se encuentran en paro, quienes sostienen que se todo se trató de un plan premeditado.

El señor Roberto Delgadillo, representante del transporte de carga pesada, dijo que extrañamente algunos canales de televisión estuvieron en el momento justo cuando se le prendió fuego a los camiones que tenían 9 días de estar estacionados en el lugar porque sus propietarios apoyan el paro.

“Fueron personas infiltradas las que quemaron esos camiones, no fue la parte nuestra ni la población que nos apoya”, indicó.

“Tampoco sabemos como algunos canales llegaron desde antes”, señaló el transportista.

Indicó que el ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez se equivoca al señalar que ellos son empresarios.

“Nosotros no tenemos las grandes empresas como las que él tiene ni tampoco los beneficios que recibe del gobierno”, dijo el transportista, quien señaló que tener un camión de 8 toneladas para transportar sal, no significa que son grandes empresarios.

No hay ningún mecanismo para que el presidente en el poder, pueda ser removido, tal como lo han planteado algunos dirigentes, que critican la actuación del presidente Daniel Ortega.

Lo anterior fue explicado por la abogada y experta constitucionalista, Asunción Moreno, quien dijo que ni el plesbicito ni el referendo son recursos para recortar el período presidencial.

El plesbicito debe ser solicitado por el ejecutivo para realizar alguna consulta al pueblo y el referendo por el legislativo.

Pero ninguna serviría para consultar al pueblo o decretar que ya no quieren a Ortega en el poder.

El presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas, Dean García afirmó que el paro de transporte ha provocado graves en el sector a tal punto que algunas contemplan pedir una suspensión laboral por el ausentismo de sus empleados.

Los miles de trabajadores de las zonas francas situada en la carretera Norte tienen que recorrer grandes distancias para llegar a sus trabajos.

Pese a ello, muchas no han podido cumplir con sus entregas y se registran pérdidas de 5 millones de dólares en exportaciones no realizadas.

El paro de transporte, ha causado pérdidas por 15 millones de dólares y está latente el peligro de que escasee la leche líquida porque las acopiadoras no han podido enviar el líquido a las pasteurizadoras en la capital.

El Movimiento por Nicaragua pidió al presidente, Daniel Ortega, ponerse al frente del problema para buscar rápidamente una solución.

También demandaron se transparente los fondos de la cooperación venezolana.

El economista, Néstor Avendaño, dijo ayer que si el precio del petróleo alcanza próximamente los 150 dólares por barril, la economía de este país ya no podrá asumirla.

Avendaño no está convencido que la congelación del precio de los combustibles sea la solución al problema del transporte sino que se debe pensar en otras alternativas como que la refinería Esso haga la maquila del crudo y así se pueda ofrecer a un menor precio.

Avendaño calculó que en mayo del año entrante, fácilmente el precio del barril de crudo habrá alcanzado los 180 dólares.

El economista, aconsejó al presidente Ortega ponerse al frente de las negociaciones de los transportistas y al igual que lo han hecho otros dirigentes gremiales.

Indicó que ojala Ortega no asuma la misma actitud de Bolaños que dejaba los problemas en Nicaragua y optaba por salir, porque se comenta que el mandatario viajará a Lima, Perú a una cumbre alimentaria.

Recordó que este tipo de protestas le quitan dinamismo a la economía y puede causar daños irreversibles. “En economía lo que se perdió, se perdió”, dijo.

A propósito de la división del gremio de buseros de Managua, algunos han recordado que la Parrales Vallejo y la cooperativa Colon se resisten al paro o apoyo a la huelga porque aún deben 14 millones de dólares al gobierno de Nicaragua.

Estas dos cooperativas asumieron las unidades que pertenecían a la Empresa Nacional de Buses (ENABUS) y fue la Parrales la que se quedó con la mayor parte.

Desde las primeras huelgas en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, los ministros de entonces recordaban que éstos no habían pagado la cuenta que al parecer se convirtió en préstamos del rey.

Según Rafael Quinto, la Colón tiene todavía 80 buses y al igual que la Parrales, disponen de unidades viejas.

El candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre dijo durante la inauguración de la casa de campaña en las instalaciones del PLC en Vimsa que el presidente Daniel Ortega quiere que la oposición esté desunida y si es posible, aniquilada.

“Pero no va a lograrlo, el liderazgo de cada candidato es fundamental y debemos trabajar unidos en la Asamblea para tomar las decisiones que el pueblo demanda.

Montealegre dijo que es inaceptable que en durante el gobierno de Ortega, se ha logrado acumular una inflación de casi 25 por ciento, hay un paro que ya tiene 9 días y la cooperación internacional se está retirando.

“El mismo admitió que se han perdido 17 mil empleos en las zonas francas”, dijo el candidato.

El propio alcalde de Managua, Dionisio Marenco, aseguró que la comuna ya no resiste la presión económica de los altos precios del petróleo y que por ello van a parar algunas obras.

El edil explicó que la alcaldía tiene presupuestado 200 millones de córdobas al año para la compra de combustible pero la factura ha ido subiendo.

Marenco, bromeó con el asunto de las candidaturas a alcalde y dijo que bien podría prestarle por un mes la administración a cada candidato para que se vayan empapando de los problemas.

“Después que estén un mes de prueba, les hacemos un examen en vivo y sino aprueban no entran a la campaña”, dijo.

El Movimiento Renovador Sandinsta, presentó dos nuevos anteproyectos de ley que consisten en un sistema de fijación de precios del combustible y que con los fondos venezolanos se otorgue un subsidio para que el combustible pueda ser vendido a 40.500 córdobas por galón, tal como lo demandan los transportistas.

El diputado Víctor Hugo Tinoco, expresó que de esta manera, se obligaría al gobierno a que transparente la cooperación de Venezuela, que hasta ahora ha sido un misterio.

Tinoco, aseguró que este año, el gobierno de Ortega, obtendrá 225 millones de dólares y de allí perfectamente pueden aportar para el subsidio.

El legislador, indicó que este tratamiento que ya se da en Managua con el transporte urbano, se puede trasladar al resto.

El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre Sacasa, estuvo en desacuerdo con una propuesta de los transportistas de eliminar el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y el que se paga al Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).

“Al final los terminaría perjudicando a ellos mismos, porque estos últimos fondos se utilizan para darle mantenimiento a las carreteras”, señaló.

“Yo preferiría que saliera de los fondos venezolanos mientras haya apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela”, dijo Aguirre.