La defensa de la mexicana Lucía Morett y de dos colombianas sobrevivientes del bombardeo contra las FARC pedirán a la justicia de Ecuador revocar una orden de prisión emitida contra ellas, al señalar que carece de base legal y viola el debido proceso.

La abogada ecuatoriana Gina Solís, que defiende a las tres sobrevivientes, dijo que “no existen elementos que justifiquen el argumento” de que Morett y las colombianas “atentaron contra la seguridad del Estado” ecuatoriano. La víspera, un juez penal de la provincia amazónica de Sucumbíos ordenó prisión preventiva contra Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Torres Bohórquez.

La solicitud fue presentada por el fiscal Wirmar Gonzabay, quien tiene a su cargo una indagación sobre el caso. La providencia, sin embargo, no pudo ejecutarse porque las tres salieron de Ecuador hacia Nicargua, cuyo gobierno les concedió refugio.

El fiscal basó su solicitud en el artículo 147 del Código Penal ecuatoriano, que sanciona con reclusión de cuatro a ocho años al que “promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, grupos de combate o grupos o células terroristas”.

La abogada Solís sostuvo que Morett vino a Ecuador en plan turístico y para realizar una investigación social, y que no participó de actos de la guerrilla o que hubiesen atentado contra la seguridad del Estado.

El fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez, anunció que ha encontrado indicios de delito y violaciones al Código Penal contra las tres sobrevivientes al ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano a un campamento clandestino de las FARC ocurrido el pasado 1 de marzo.

“Existen méritos para imputar a las tres personas responsabilidades establecidas en el artículo 147 del Código Penal”, dijo Pesantez. En el Código Penal se establecen penas de entre cuatro y ocho años de prisión a quienes promuevan o participen en acciones vinculadas a la guerrilla.

El fiscal anunció que pedirá la extradición de las tres mujeres: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, que fueron rescatadas de la inhóspita zona de selva en que se ubicaba el campamento guerrillero por militares ecuatorianos.

Las sobrevivientes negaron permanentemente que hayan tenido vínculo alguno con la organización rebelde colombiana.

Morett, Bohórquez y Pérez están en Managua, Nicaragua donde el Gobierno de Daniel Ortega, les brindó asilo político.